El ex ministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, quedó a salvo de un pedido de captura de un juez ecuatoriano que fue rechazado por la Policía Internacional (Interpol), luego de que Bogotá adoptara medidas para blindarlo frente a esa eventualidad.

La secretaría general de Interpol, en Francia, ""ha rechazado la solicitud de inclusión de la orden de captura contra el ex ministro Santos"", dijo el sábado a la prensa el director de la policía colombiana de seguridad (DAS), Felipe Muñoz.

El pedido del juez ecuatoriano ""viola el artículo tres de los estatutos de Interpol que dice que no se puede usar este tipo de mecanismos para temas políticos, militares, raciales y religiosos"", explicó Muñoz.

El argumento fue esgrimido por el gobierno colombiano en una carta enviada a la sede de Interpol, en Lyon (Francia), reveló el viernes el director del DAS, organismo al que está adscrita en Colombia la representación de la Interpol.

La Policía Internacional había recibido el viernes el pedido de detención contra Santos presentado por el juez Daniel Méndez, de la ciudad de Sucumbíos, por una incursión del Ejército colombiano el 1ro. de marzo del 2008 contra un campamento de la guerrilla marxista de las FARC en territorio ecuatoriano.

El ataque dejó 25 muertos, incluidos el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, un ecuatoriano y cuatro mexicanos.

Ante la eventualidad de que el pedido de captura del juez ecuatoriano fuera aceptado, Bogotá adoptó medidas para blindar a Santos, quien se encuentra en Londres.

El presidente Alvaro Uribe, que calificó al magistrado de ""auxiliar del terrorismo"", movilizó el aparato estatal en torno al ex ministro, uno de sus más estrechos aliados políticos, y advirtió que ""no lo dejaría tocar"".

Para ello se creó un comité especial integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Defensa, y por la Fiscalía General, para crear una estrategia de defensa de Santos. Además, la cancillería le extendió la vigencia de un pasaporte diplomático, para darle inmunidad durante el tránsito por aeropuertos internacionales.

El gobierno también solicitó medidas cautelares para Santos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).