El ministro peruano de Defensa, Rafael Rey, negó el martes que los últimos decretos emitidos por el Gobierno relativos a las fuerzas militares y policiales busquen la impunidad de los violadores a los derechos humanos y remarcó que se ajustan a la normativa legal vigente.

En una reunión con la prensa extranjera acreditada en Lima, Rey señaló que las normas, entre las que se encuentran el polémico decreto legislativo 1097, que permite el sobreseimiento de juicios por crímenes de lesa humanidad, se basaron en ``consideraciones de orden del derecho internacional y nacional''.

El decreto 1097 fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales y señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción no se dicta sentencia.

Esta norma también indica, entre otros asuntos, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad ``surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre del 2003'', cuando el país se adhirió a ese convenio.

El decreto es duramente criticado porque puede permitir que militares y policías implicados en graves crímenes durante la guerra interna peruana (1980 y 2000) no sean procesados y sentenciados.

Al respecto, Rey enfatizó que Perú se adhirió a la Convención sobre la Imprescriptibilidad con la ``condición expresa'' de que sólo entraba en vigencia a fines del 2003.

``La voluntad del Perú es clarísima'', y señaló que las Naciones Unidas reconocieron esto en el apartado de declaraciones y reservas de países que se sumaron a la convención.

``Me alegro de haber podido traer la sensatez y la concreción a la voluntad del Gobierno peruano'', indicó tras reiterar que las nuevas normas sólo implementan decisiones tomadas con antelación.

Rey, que mantiene un abierto enfrentamiento con las organizaciones de derechos humanos, señaló que ``comprende'' que estas rechacen las normas, pero enfatizó que ``esa es la realidad''.

``Esta es la voluntad expresa del Estado peruano'', acotó tras decir que, si la norma se hubiera emitido antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hubiera declarado imprescriptibles las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992. Más de una veintena de integrantes de ese destacamento y otros altos jefes militares juzgados por la matanza de Barrios Altos pidieron ayer el sobreseimiento de sus juicios acogiéndose al decreto 1097.