El presidente Juan Manuel Santos solicitó al Congreso retirar la disposición que permite al gobierno autorizar el retiro de tropas y crear ``zonas de distensión'' para eventuales diálogos de paz con grupos armados ilegales, se informó el martes.

Con su solicitud, ``el gobierno envía entonces un mensaje muy claro: no hará, no quiere hacer uso de esas facultades. No habrá nuevamente zonas de despeje en el territorio nacional'', explicó el ministro del Interior, Germán Vargas.

``El gobierno no renuncia a adelantar diálogos, pero no sobre la premisa que se despeje ninguna parte del territorio nacional, de manera que se entienda bien: el gobierno nacional renuncia a su facultad [de ordenar despejes], pero deben entender los grupos ilegales que no existiendo esa facultad no será susceptible de negociación el despeje de ningún área'', agregó el ministro en una entrevista con la emisora Caracol Radio.

Analistas recibieron el anuncio oficial como una señal del gobierno Santos, tanto a sectores políticos como a la insurgencia, de que si bien está dispuesto a negociar, lo haría sin embarcarse en una discusión previa sobre desmilitarizar zonas del país.

Señalaron que es una acción que confunde, porque la ley no obliga, sino que deja a la discreción de cada gobierno, decidir si ordena o no un retiro de la fuerza pública.

Además, dijeron que la iniciativa parece dejar abierta la posibilidad de que esos diálogos se puedan hacer en un tercer país porque ``para negociar se necesitan unas condiciones, un sitio y si no hay despeje, entonces no podría ser en Colombia'' porque en general la insurgencia pide garantías de seguridad, dijo en diálogo telefónico Camilo Gómez, ex comisionado de paz en el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

Pastrana dispuso la evacuación de militares y policías de 42,000 kilómetros cuadrados en el sur del país, en la región del Caguán, para diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras casi cuatro años, Pastrana ordenó el reingreso de las tropas al Caguán con el argumento de que las guerrillas habían utilizado la zona para realizar actividades ilegales como secuestros y narcotráfico.

Aunque las FARC en los años siguientes insistieron en que se necesitaba una nueva zona despejada de militares, como los municipios de Pradera y Florida, al suroeste del país, más recientemente han manifestado su disposición a un diálogo de paz con el gobierno Santos, pero sin mencionar ese retiro militar.

Una ley de 1997 otorgó facultades a los gobiernos para ordenar esos despejes y, entre otras, conceder indultos, pero como la norma sólo tenía vigencia por cuatro años, las sucesivas administraciones la han ido prorrogando por cuatrienios.