El Gobierno de Evo Morales demandará por el delito de desacato a un columnista del diario Opinión de la ciudad boliviana de Cochabamba (centro) que llamó al gobernante ``engendro de llama y Lucifer'', informó el viernes el Ministerio de Justicia.

Según un comunicado de prensa, la ministra boliviana de Justicia, Nilda Copa, presentará la denuncia contra el columnista Iván Castro Aruzamen, el director del diario, Edwin Tapia Frontanilla, y el jefe de Redacción, Antonio Ribera, porque el artículo ``mella la dignidad'' de Morales y otros funcionarios.

En su columna del pasado miércoles, Castro se refirió a Morales como ``un engendro'' de ``llama y Lucifer'', a su vicepresidente, Alvaro García Linera, como uno de ``mula con demonio'' y al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como engendro de ``travestis con el mismísimo Hades''.

La ministra Copa manifestó que Castro cometió el delito de desacato por calumniar, injuriar o difamar a funcionarios públicos ``con adjetivos calificativos que no sólo mellan la dignidad de las autoridades, sino de todo un país ya que se trata de autoridades''.

El viceministro boliviano de Justicia, Hugo Montero, agregó que la Fiscalía debe determinar si se incluye al diario en la investigación porque no se debería ``permitir publicar este tipo de columnas'' que vulneran la ``privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad'' que están protegidas en la Constitución.

De su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la oficialista Marianela Paco, declaró a los medios que los términos de Castro ``son discriminatorios'' y puede ser sancionado penalmente.

``Este tipo de comparaciones biológicas que son el resultado de complejos de alguien que cree ser superior, generan odios y resentimientos'', señaló la legisladora oficialista.

Según la legislación nacional, los insultos públicos a una autoridad pueden ser sancionados con cuatro años de prisión, indica un boletín de prensa de la Asamblea Legislativa.

La diputada comentó, además, que un proyecto de ley contra el racismo que se discute en el Congreso sube las sanciones para casos de este tipo hasta diez años de prisión.